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Agallú o agallúa: Persona que, a pesar de tener
mucho de todo, insiste en buscar la forma de
conseguir más, sin pensar en los demás.
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Un ejemplo de lo que es un grupo de agalluces lo
encontramos en el informe de Participación
Ciudadana sobre los
mil millones de pesos
que perdió el Estado |
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dominicano debido a las exoneraciones de
impuestos para carros carísimos llevados a
República Dominicana por legisladores que, en
muchos casos, representan provincias donde son
muchas las familias que pasan más hambre que un
ratón en una ferretería y la gente queda
asombrada al ver un diputado o senador paseando
en un carro de millonario por calles rodeadas
de pobreza, en pueblos
que
desde hace años esperan la construcción de un
hospital, un acueducto o una escuela,
obras necesarias que
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"Con gran patriotismo aprobaron sus
exoneraciones". |
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aparecen
en
los discursos de cada campaña electoral, para
conseguir los votos que dan a los candidatos
ganadores el derecho a llevar al país, sin pagar
impuestos, carros que parecen ser de Bill Gate o
Donald Trump.
La denuncia de PC dice:
"Participación Ciudadana considera escandaloso que
en los últimos ocho años el Tesoro Nacional haya
dejado de percibir más de
mil
millones de pesos
por concepto de
importación de vehículos exonerados a los miembros
del Congreso Nacional".
El Movimiento Cívico
informó que "entre enero del 2002 hasta el 23 de
octubre de 2009, los legisladores importaron 678
vehículos exonerados, por un valor CIF equivalente a
RD$1,993 millones, los cuales, de haber sido
adquiridos de acuerdo a las normas regulares
aplicables a cualquier ciudadano habrían conllevado
un pago de impuestos por RD$1,022 millones, con los
cuales el Estado pudo haber financiado importantes
iniciativas, como por ejemplo en escuelas,
hospitales, infraestructura, o múltiples otras
necesidades insatisfechas de la ciudadana".
Isidoro Santana, Miembro
de la Comisin de Transparencia de PC, indicó que
"esta información se obtiene a partir de unos datos
suministrados por la Secretaría de Estado de
Hacienda, obtenidos tras muchísimos esfuerzos y
reenvios a otros despachos, ante una solicitud
formal de nuestra institución".
"Las exoneraciones
impositivas a los vehculos importados por los
senadores y diputados están amparadas en la ley 56
de 1996, que posibilita traer cualquier tipo de
vehculos cada dos años, independientemente de su
costo".
"Los vehculos más
costosos que aparecen en la lista suelen ser de la
marca Bentley Continental, importados por ejemplo,
dos a nombre de Ramiro Espino Fermn,
ex
senador por
Samaná, uno valorado en RD$ 15.2 millones, valor
CIF, y otro por RD$8.7 millones; también a Ramón
Porfirio Coln, exdiputado por Santiago, por valor de
RD$10.5 millones; Ramón Anibal Paez, exdiputado del
DN, por valor de compra CIF de RD$8.4 millones;
Angel Dincrate Pérez y Pérez, exsenador por
Pedernales, por valor de 8.3 millones de pesos; Luis
Wellington Mejía Cáceres, exdiputado por Monseñor
Nouel, por RD$10.1 millones; Julio César Valentn,
diputado por Santiago, por valor CIF de RD$8.9
millones; Germán Castro García, senador por La
Altagracia, por valor de compra de RD$8.3 millones;
Hugo Rafael Nez Almonte, diputado por La Vega, por
otros 8 millones. Solamente entre estos nueve
vehculos de lujo, implicaron la pérdida para el
fisco de 50.8 millones de pesos".
Además de los vehículos
importados con un valor CIF de más de ocho millones
de pesos hay muchísimos otros con valores de entre
cinco, seis y siete millones. Sin contar que muchos
de los nombres mencionados aparecen nuevamente dos
años después adquiriendo exoneraciones para nuevos
vehículos informó el Miembro de la Comisión de
Transparencia de PC.
¿Son
o no son agalluses los honorables senadores y
diputados?
NOTA: Esta información
fue publicada en el web site de Participación
Ciudadana en abril 2010, ya no es noticia,
pero sigue siendo ejemplo de privilegio que no
debería existir, por ser un regalo de millones de
pesos para un grupito con ingresos anuales de
millones de pesos en un país con millones de
ciudadanos sin escuelas, hospitales ni fuentes de
trabajo que existirían si los recursos del Estado
fueran administrados con la honestidad que ordena la
Constitución. |